Ante el desborde punitivista de estas décadas y su creciente selectividad en nuestra América, una dogmática encerrada en su pura lógica normativa no solo es éticamente criticable, sino jurídicamente ilícita, porque su función latente es cada día más inocultable: se trata de dotar a los operadores judiciales de un discurso de confort burocrático con apariencia científica, que les permita decidir con absoluta indiferencia ante la violación de las más elementales normas de los Estados de derecho vigentes en nuestras Constituciones y en los tratados del derecho internacional de los Derechos Humanos.